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Este sí es el camino

Este sí es el camino

Por: Germán Vargas Lleras

La semana pasada advertí que la corrupción no puede combatirse a punta de debates académicos y propuestas teóricas, y mucho menos con medidas como las contenidas en el malogrado referendo, sino con acciones efectivas inspiradas en realidades concretas, información útil y refinada y análisis de patrones de comportamiento.

Con el proyecto Océano, la Contraloría General analizó más de 12 millones de registros de diferentes fuentes en todos los contratos del Estado, que suman más de 670 billones. Ya se han identificado centenares de mallas de contratación que concentran 150 billones de pesos, y también contratación con responsables fiscales sancionados o destituidos por la Procuraduría, y hasta personas fallecidas contratando con posterioridad a su muerte. Igualmente, contratistas con experiencia en suministro de medicamentos que terminan construyendo polideportivos.

A título de ejemplo sobre este fenómeno de las mallas que tienen capturada la contratación pública, citaré unos pocos casos, comenzando con el grupo Tecniconsultas, el cual tiene más de 600 contratos con el Estado a través de 299 uniones temporales y consorcios, y al que están vinculadas 98 empresas y personas naturales. Su contratación asciende a más de 500.000 millones de pesos, en áreas tan disímiles como vías, educación, deporte, servicios financieros y artes gráficas. Contrata con entidades tan diversas como Fonade, el Ejército, el DPS y Coldeportes, entre otras, a nivel nacional, en numerosos departamentos.

Otra malla es la constituida por las empresas Maquinaria y Equipo Tres S. A. S. o Grandes Vías e Ingeniería S. A. S., propiedad de los hermanos Castillo Baute. A través de 124 uniones temporales y consorcios, han contratado más de 514.000 millones de pesos. Realizan trabajos varios, desde parques, vías y escenarios deportivos hasta redes eléctricas y centros para recepción y rehabilitación de flora y fauna silvestre.

Una tercera es la Asociación Servicure, cuya contratación asciende a casi 250.000 millones, en cerca de 1.000 contratos que van desde la protección ambiental hasta la protección infantil, pasando por la ganadería, los derechos humanos, el arte y la lectura. Más de 75 socios y 100 uniones temporales para materializar su actividad.

Otras redes como Construmarca, con más de 700.000 millones de contratación; o la de Omar Gómez Carreño, con más de 100.000 millones; o la Compañía de Proyectos Técnicos, con cerca de 500.000 millones, están siendo objeto de minuciosa observación, dada la diversidad de objetos y modalidades en sus contrataciones.

Esta herramienta pone, igualmente, en evidencia a los contratistas con problemas de ejecución y concentración contractual, como es el caso de Mota Engil, Graña Montero o Germán Mora, que, juntas, suman 543 proyectos para infraestructuras educativas, de los cuales solo el 13 por ciento se han entregado. De 3,4 billones comprometidos por el Fondo Financiero de Infraestructuras educativas, estos tres contratistas concentran 2 billones.

Océano está en capacidad de combatir la corrupción identificando los carteles de contratación, también a través de estudios de precios y mediante el análisis de patrones de comportamiento de los contratistas riesgosos. Asimismo, permitirá alertar sobre contrataciones sin el lleno de requisitos legales, detectará relaciones entre contratistas y contratantes y establecerá niveles de confiabilidad de estos. Y por medio de sofisticados algoritmos llegará, incluso, a predecir contrataciones corruptas.

Voluntad para defender el patrimonio público y perseguir a los corruptos y herramientas tecnológicas de punta: una combinación ganadora.

P. D. Pero gran parte del problema aún subsiste en las contralorías departamentales y municipales, por lo que no se debe abandonar el propósito de eliminarlas y crear el control integral para estos entes.

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