La potencia mundial de la vida
El 24 de diciembre la ministra de Salud advirtió que la reforma no estaba escrita en piedra. Resultó que sí lo estaba y quien finalmente tenía razón era el Dr. Pedro Santana, quien en el mes de enero, con total claridad, nos advirtió del contenido de esta.
Nunca, en mis 40 años de vida dedicados a la actividad política, había visto yo tal desprecio por el disenso y por la institucionalidad.
El turno le correspondió ahora al sector de la salud, pero vendrán luego las demás reformas, que, según los anuncios, serán igual de pugnaces.
Tengo la íntima convicción de que todo este mamotreto no pasa de ser un distractivo del verdadero objetivo de la reforma: la estatización absoluta de los servicios de salud en el país. Así que en nada hay que detenerse en analizar las políticas propuestas sobre prevención o los sistemas de información o la dignificación del personal de la salud. Todo eso se podría obtener sin necesidad de una ley.
Por años he propuesto mejoras al sistema. Que no es perfecto. Nadie duda de que es urgente fortalecer los servicios de salud en los lugares más apartados. También hay que multiplicar la inversión en los hospitales públicos y convertir a la Superintendencia de Salud en la más técnica y estricta agencia del Estado para garantizar que las EPS, y en general todo el sistema, cumplan y hagan la mejor utilización de los billonarios recursos de que disponen.
Pero aquí lo único relevante es la desaparición, la muerte anunciada, del aseguramiento en salud y de sus agentes principales, las EPS. Que las quieran cambiar ahora de naturaleza, que las pongan a hacer auditorías, que jamás han hecho, o administrar unos ‘call centers’ o cualquier otro oficio no justifica su existencia. Si dejan de gestionar los riesgos financieros y operativos, se liquidan las EPS y desaparecen sus redes de servicio. Igual ocurrirá con la medicina prepagada, ya que la iniciativa bien señala que no tendrá prelación alguna. Se acaban también los planes complementarios y los copagos.
La cabeza rectora del sistema estará integrada por 40 personas, diluyéndose todas las responsabilidades, y en cada región se crea un Consejo Regional de Salud.
La famosa Adres, entidad que jamás pudo cumplir con su función de auditar cuentas, asumirá la totalidad de las funciones del sistema sin tener las capacidades para administrar y mucho menos para contener el gasto. En cada departamento se constituirá una nueva Adres, que quedará a merced de gobernadores y alcaldes. La feria de la alegría, la politiquería y la corrupción. Todos contratando medicamentos, sus propias auditorías, fijando tarifas, los tratamientos y quiénes los prestarán. Toda la población capturada política y personalmente. ¿Se pueden imaginar en lo que se convertirá el pago de cada cuenta?
Curioso que acabándose las EPS para todos los colombianos, el magisterio, las Fuerzas Militares, Ecopetrol y los indígenas conservarán las suyas.
Refundar el sistema de salud colombiano después de 30 años de aprendizaje y desarrollo implica unos riesgos que el país no puede ni debe asumir. Esta reforma burocratiza el sistema. Se crean más de 10 instancias administrativas a nivel nacional, regional y local.
Las finanzas de la salud colapsarán. Se aumentará el gasto y no habrá incentivos para utilizar de manera eficiente los recursos, regresaremos a un modelo de presupuestos públicos, el riesgo fiscal se calcula equivalente a 2 % del PIB anual y su costo inmediato se estima en 51,8 billones de pesos.
La pérdida de las capacidades de la gestión del riesgo en salud y su reconstrucción se pagará en vidas, en el deterioro de los servicios y en el aumento del gasto en las familias más pobres, que serán, sin duda, las más afectadas.
Y como todas las iniciativas de este gobierno, se solicitan facultades extraordinarias en 6 casos, sin ser específicas y sin el debido soporte y argumentación.
Y ojalá, como lo anunciaron, persistan en darle trámite ordinario y con mensaje de urgencia para que la Corte Constitucional no tenga más remedio que tumbarla.
