Cambio Radical requiere investigación penal a Verónica Alcocer, revisión de nacionalidad de asesores y solicita inclusión en la lista Clinton de la OFAC
Bogotá,14 de octubre de 2026. El partido Cambio Radical, a través de su Codirector Nacional, Enrique Vargas Lleras, escaló sus acciones institucionales al radicar tres contundentes solicitudes ante la Fiscalía General de la Nación, la Cancillería de la República y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en las que solicita: investigar formalmente a la ex-primera dama, Verónica Alcocer García, revisar la situación migratoria de los ciudadanos españoles Manel Grau y Xavier Vendrell, y aplicar sanciones económicas internacionales a todo su entorno a raíz de las recientes revelaciones de Eva Ferrer en la Revista Semana.
En la carta dirigida a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, Enrique Vargas Lleras solicitó dar apertura a una investigación formal y considerar el reportaje de la Edición Número 2307 de la Revista Semana como una noticia criminal. El documento advierte sobre la presunta comisión de conductas delictivas de máxima gravedad que podrían presuntamente encuadrarse en los tipos penales de testaferrato, concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y peculado por uso, conforme a lo establecido en la Ley 599 de 2000.
Frente a la gravedad de los hechos denunciados públicamente, el Codirector de Cambio Radical requirió que la Fiscalía informe de manera inmediata el número de radicado y la asignación del caso.
Asimismo, pidió que se investigue a las personas del entorno de la ex-primera dama y que se compulsen copias ante la Honorable Corte Suprema de Justicia para que indague el rol de altos funcionarios y congresistas como: Agmeth Escaf, Laura Sarabia y Armando Benedetti, procediendo a acusar formalmente a quienes puedan tener responsabilidad penal.
Por otra parte, en la comunicación enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores, Vargas Lleras solicitó un control estricto de permanencia y tránsito en Colombia para los ciudadanos extranjeros Manel Grau Pujadas y Xavier Vendrell. Cambio Radical fundamentó esta petición en que la Constitución Política y la Ley 2332 de 2023 contemplan la pérdida de la nacionalidad por adopción y la suspensión de la ciudadanía cuando se cometen delitos que afectan o ponen en riesgo la existencia y seguridad del Estado y el régimen constitucional.
De manera simultánea, el partido Cambio Radical radicó una solicitud formal ante la OFAC en los Estados Unidos para pedir la inclusión de todo el entorno presuntamente involucrado en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN). Enrique Vargas Lleras argumentó que las declaraciones sobre el transporte de estupefacientes en aviones oficiales, el movimiento internacional de divisas y el aprovechamiento irregular de influencias ameritan la aplicación de la Orden Ejecutiva 14059, sobre tráfico global de drogas y la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, contra actos de corrupción.
En dicha petición internacional, Enrique Vargas Lleras solicitó que se examine la participación de intermediarios, testaferros y financiadores europeos como Mario Fernández Alcocer, Manel Grau, Xavier Vendrell, Enrico Romagnoli, Euclides Torres, Carolina Plata, Fabio Mascialino y Danilo Romero. De igual forma, el documento pide valorar la relevancia de estos nuevos hechos frente a las sanciones vigentes de Verónica Alcocer García y Armando Benedetti, quienes según la información disponible ya habrían sido incluidos en la lista SDN desde el 24 de octubre de 2025.
Finalmente, instó tanto a las entidades nacionales como a la Cancillería a adelantar de manera prioritaria los trámites pertinentes ante las autoridades judiciales para materializar la pérdida de la nacionalidad y la suspensión de la ciudadanía de los mencionados asesores extranjeros. Enrique Vargas Lleras enfatizó que el país requiere una respuesta institucional inmediata, rigurosa y transparente ante denuncias que comprometen el uso de bienes públicos, la presunta entrada de dineros ilícitos al territorio nacional y que exigen el bloqueo preventivo de activos bajo la jurisdicción estadounidense.
