Populismo en los servicios públicos

Populismo en los servicios públicos

Populismo en los servicios públicos

Por: Germán Vargas Lleras

Si hay un sector que esta pandemia haya puesto a prueba, además del de la salud, es el de los servicios públicos, incluido el de comunicaciones. En medio de enormes dificultades, y también asumiendo riesgos para la salud de sus más de 125.000 trabajadores y familias, las empresas responsables han estado a la altura de las expectativas y necesidades de los colombianos. En otras palabras, le han cumplido al país. Sin embargo, no he visto, hasta ahora, que nadie los llame héroes, ni siquiera un agradecimiento.

Estoy convencido de que la fortaleza y capacidades de este sector se deben, en gran medida, al modelo de prestación que adoptamos a partir de la Ley 142 de 1994 y permitió el surgimiento de empresas privadas y también de naturaleza mixta, que se unieron a las públicas existentes para crear un sistema robusto que es modelo a nivel internacional.

El Gobierno, como es natural, se ha ocupado de expedir medidas para congelar las tarifas de los servicios y facilitar el pago de estos por la vía de subsidios o créditos. También, normas para obligar a la reconexión de los hogares en mora y ha dado instrucciones para que no se proceda al corte de los servicios en ninguna circunstancia. Estas disposiciones han supuesto un esfuerzo económico importante para las empresas, que han visto reducidos sus recaudos en más de un 30 %. A esto se suma que muchos de los anuncios del Gobierno todavía no llegan a concretarse en giros efectivos a las empresas, como las líneas de Findeter para capital de trabajo y los subsidios que a nivel local se ofrecieron y que tampoco se han desembolsado.

Cómo desconocer que se han presentado problemas relacionados con la facturación, con el alza en las tarifas de energía y gas principalmente, y sobre todo con la aplicación de los odiosos promedios, que tantas críticas generan. También, con los tiempos en atención de fallas y la calidad de los servicios y señales. Las empresas tienen que seguir esforzándose por prestar cada día un servicio de mejor calidad, continuidad y precio, y la Superintendencia, en vez de exacerbar con sus declaraciones la relación entre usuarios y empresas, sancionar ejemplarmente a los infractores.

Pero lo que más preocupa son las voces de algunos que quieren pescar en río revuelto, desafiando un modelo que, insisto, ha sido muy exitoso. Escucho propuestas irresponsables de gratuidad total de los servicios, mínimo vital de agua, energía y gas, estatización de las empresas, de cambios profundos en esquemas regulatorios que han permitido el desarrollo del sector eléctrico en los últimos 25 años, o aquellos que pretenden imponer a las empresas de telecomunicaciones un sinnúmero de obligaciones que son del resorte de las autoridades.

En el Congreso hacen tránsito en la actualidad más de 50 iniciativas que se discuten de forma disparatada y afectan directamente a estos sectores, propuestas, sin duda, muy audaces, que buscan sobre todo la notoriedad de sus autores, pero que no miden sus consecuencias.

Nada más peligroso en medio de la crisis que el populismo legislativo como el que estamos viendo, y no solo en este sector. Por fortuna, el Gobierno hasta ahora ha hecho oídos sordos a estas iniciativas peligrosas e inconvenientes, pero debe estar alerta, en particular al final de la legislatura, cuando sabemos que todo es posible, y más en ambientes virtuales. Recuerdo la máxima según la cual siempre que se comete una tremenda estupidez es por la más noble de las causas.

A los colombianos no nos gusta reconocer aquello que funciona bien. Por supuesto que hay que continuar ampliando las coberturas hasta conseguir la universalidad en la prestación de todos los servicios, seguir avanzando con las energías renovables y la llamada transición energética, iniciar cuanto antes el rescate de Electricaribe y solucionar los problemas de la disposición de residuos, como en el relleno de Doña Juana, en Bogotá, entre otros desafíos. Pero nada de esto se logrará si hacemos inviable la operación de estas empresas que, mal que bien, en esos tres meses de cuarentena nos han permitido contar con unos servicios confiables y de calidad.

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