En manos del hampa

En manos del hampa

En manos del hampa

Por. Germán Vargas Lleras

Atraco a una señora y disparos en las puertas del Liceo Francés, en la misma cuadra de varias embajadas, más atracos y lesiones a jóvenes y mujeres con machetes y cuchillos transmitidos en directo desde esa tierra de nadie que se llama TransMilenio. Ladrón mata a empresario frente a sus hijos. Las cifras son muy alarmantes. En Bogotá se registran 214 atracos diarios. Deben de ser muchísimos más, pues la gente ya se cansó de perder su tiempo en denuncias que a nada conducen porque, aparte de exponerse a represalias, difícilmente se captura a los delincuentes. Cuando esto ocurre, a las pocas horas son puestos en libertad. Y si la Fiscalía consigue acusar, los jueces rara vez condenan y para nada tienen en cuenta los antecedentes a la hora de tasar la pena o conceder excarcelaciones.

Los hurtos de vehículos, bicicletas y celulares están disparados. También es muy preocupante el incremento del número de homicidios. Con razón la percepción de inseguridad llegó al 88 % de los ciudadanos. Cuatro de cada diez bogotanos manifiestan haber sufrido un ataque, según las últimas cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Muchos nos preguntamos qué se está haciendo. De la reforma de la Policía, sobre la que hubo recientemente muchos anuncios, nada. ¿Qué pasó con el incremento del pie de fuerza anunciado? Al parecer, nada. Y con las nuevas estrategias para enfrentar la criminalidad. Nada. Y tampoco del anunciado Plan Nacional de Vigilancia reestructurado se ha visto nada. Y ningún avance en las labores de inteligencia para desarticular estas bandas que más parecen sofisticadas organizaciones criminales.
Como la responsabilidad sobre la seguridad de la ciudad se ha convertido en un juego de ping-pong entre la Alcaldía y el Gobierno Nacional según convenga políticamente, ya no se sabe a quién exigir acciones y resultados. Pero sobre lo que sí no tengo duda es sobre la poca relevancia que el tema seguridad suscita en la Administración Distrital. ¿Cómo es posible que tan solo el 2 % del multimillonario presupuesto de la ciudad se dedique a la seguridad? Pues, ahí están los resultados.

Por los lados del Ministerio de Justicia, ni una palabra. ¿Qué pasó con los anuncios de judicialización en 24 horas? ¿Y con la reforma del régimen penitenciario? Nada se ha visto respecto a la nueva y necesaria legislación sobre menores infractores, nada sobre nuevas políticas para combatir el microtráfico o el porte ilegal de armas, en especial las blancas. Pero, lo más grave, seguimos sin enfrentar el problema de la reincidencia. De los eventos imputados por la Fiscalía en materia de hurto, el 52 % de sus presuntos responsables registraban antecedentes. De las 240.000 personas arrestadas en el último año, 90.000 ya habían sido apresadas entre 2 y 9 veces, y más de un centenar lo había sido entre 40 y 70 veces. En delitos por lesiones personales, el 37 % tenían antecedentes y en los de homicidio, el 40 %. A estas alarmantes cifras de impunidad y de burla al sistema judicial contribuye, ciertamente, la posición de la Corte Constitucional según la cual solo se puede hablar de reincidencia cuando exista una condena previa, y para nada valen los antecedentes, ni siquiera los arrestos en flagrancia.

Qué desolador panorama. La gente, impotente y atemorizada, no cree ya ni en las denuncias, ni en la capacidad de protección de la Policía y de los organismos de seguridad ni en el poder sancionador del Estado.

El problema claramente está en la administración de justicia. Los jueces profieren muy pocas condenas en relación con el número de delitos, y a los pocos que terminan en las cárceles se les permite salir por vencimiento de términos o, no se sabe qué es peor, seguir delinquiendo desde los centros de reclusión. La no sanción estimula, alienta estas conductas. Demasiado garantismo, demasiada tolerancia frente al crimen y ninguna compasión frente a los ciudadanos que reclaman, con razón, el cumplimiento de la principal responsabilidad del Estado moderno, cual es garantizar la seguridad y la administración de justicia. Y mientras todo esto ocurre, el Congreso sigue preocupado por las reformas políticas y por la forma de reelegirse el año que viene.

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