Acuerdo para la reforma de la salud

Acuerdo para la reforma de la salud

Acuerdo para la reforma de la salud

Por. Germán Vargas Lleras

Si este año va a ser el de los grandes acuerdos programáticos, propongo que el del sector de la salud esté en primerísimo lugar.

La iliquidez del sistema de salud crece cada día, ante la mirada pasiva de todos: las deudas de las EPS rondan los 9 billones de pesos, casi impagables. Preocupa la mora de la Adres (el banco de la salud) en el pago de cuentas radicadas desde marzo. La iliquidez crónica cubre toda la cadena de pagos.

Existen tres razones de la crisis, más allá de la corrupción pública y privada: 1) Limitado financiamiento. 2) Fallos en la regulación del sistema. Y 3) Ineficiencia en la gestión. Es urgente abordarlos desde una reforma que reordene todo el sistema.

Gastamos más del 7 % del PIB en salud y no somos capaces de responder si son suficientes casi 50 billones de pesos al año. Irónicamente, y a pesar de las quejas de los gremios, los balances de los principales hospitales privados revelan utilidades de dos dígitos, descontadas las deudas, inéditas en otros sectores de la economía. Muchas EPS están técnicamente quebradas, pero otras muestran balances en negro, incluso crecimientos en inversiones. ¿Qué causa esas diferencias?

¿Tiene sentido mantener más de 40 EPS (16 en vigilancia especial de la Supersalud), con muy pocos afiliados, sin control efectivo de los riesgos del aseguramiento? ¿No habrá ciudades que cuenten con más camas hospitalarias de las necesarias? ¿No será que la construcción indiscriminada de hospitales públicos, sin una planeación regional ni operación en red, nos ha llevado a sobrecostos en el régimen subsidiado?

Primero, es esencial ajustar el aseguramiento a las necesidades de los ciudadanos. No podemos seguir con la separación entre los regímenes subsidiado y contributivo. Segundo, también lo es que los colombianos tengan un plan único de beneficios que cubra todas las contingencias de salud. El ciudadano no debe ser afectado por el POS o no POS, y los aseguradores deben responder por todos los riesgos de salud. Tercero, si se montó la Adres, debería ser su problema integrar todas las fuentes centralizadas y descentralizadas de recursos, para financiar un plan único en el que la unidad sea la atención integral de la enfermedad. Cuarto, el sistema debe implantar formas de pago en que primen la racionalidad y el respeto por los dineros públicos.

Es conveniente la iniciativa privada, pero imprescindible la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Aprendidas las lecciones de Saludcoop, Cafesalud y Medimás, la Superintendencia Nacional de Salud debe contar con mejores instrumentos para ejercer un control oportuno e integral. Hay que implantar una poderosa herramienta que hoy opera en el sector financiero: la regulación de conglomerados. En un sistema que maneja recursos públicos, la información sobre propiedad y subordinación empresarial debe ser pública y las relaciones comerciales, transparentes. Pública también tiene que ser la información sobre precios, empezando por los operadores integrados vertical u horizontalmente con los compradores de servicios, medicamentos e insumos.

El Gobierno, en especial el Ministerio de Hacienda, debe dejar de hacer oídos sordos frente al real gasto en salud. Los cálculos de costos de aseguramiento siempre se basan en la información sobre consumos y gastos de servicios de la vigencia anterior. Esa es la base de la estimación de la prima de seguro (llamada aquí UPC). No tiene presentación que después de 25 años sigamos dependiendo del gasto de un puñado de EPS del régimen contributivo y lo proyectemos para calcular la UPC del subsidiado. Seamos serios, ese estudio actuarial debe ser la base del presupuesto anual del sistema. Lo anterior es parte del recetario para una verdadera e inaplazable reforma de la salud.

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