Líneas rojas, azules y verdes

Esta semana radicamos en el Congreso el proyecto de ley estatutaria de reforma de la salud. Tengo la convicción de que si hace dos años se hubiera dado trámite a este propuesta no estaríamos en estas discusiones, pero los paros de ese entonces ni siquiera permitieron el debate. Del proyecto se desprende la necesidad de reformar el sistema e introducirle trascendentales mejoras, pero sobre el principio de mantener los importantes avances alcanzados en los últimos 30 años.

Varias coincidencias existen entre nuestro proyecto y el presentado por el Gobierno. La primera, el fortalecimiento de la atención primaria y los servicios básicos del primer nivel. En segundo lugar, la prevención como eje del sistema mediante la habilitación de la figura del médico de familia, con capacidad resolutiva y que se convierte en la puerta de entrada al sistema. También coincidimos en la necesidad de ordenar la integración vertical y en la posibilidad de avanzar en la territorialización a través de redes mixtas que presten los servicios. Otra preocupación que ambos proyectos atienden es terminar con la intermediación laboral de médicos, enfermeras y auxiliares para impedir que sus derechos laborales se vean afectados, como ocurre hoy en día.

Igualmente nos preocupa la capacitación de especialistas. Hay que formar pronto no menos de 5.000 y ponerle fin a ese selecto club al cual solo ingresan dos alumnos por especialidad y hospital cada semestre. Y, por supuesto, el fortalecimiento de la red pública de hospitales en 600 municipios que carecen de adecuados servicios. En todos estos temas encontramos coincidencias y aproximaciones con el Gobierno.

En estos años hemos aprendido que muchas EPS jamás debieron autorizarse, pues no tenían ni la solvencia financiera ni las capacidades operativas mínimas para prestar los servicios de salud en forma adecuada. Muchas de estas fueron presas de la corrupción y la politiquería, y sus propietarios y gestores se robaron las cápitas y los recursos públicos.

Gran responsabilidad le cabe al Estado en haberlas autorizado y en no haberlas intervenido y liquidado a tiempo.

Pero otra cosa muy distinta es acabar con el régimen de aseguramiento, que hoy cubre al 98 % de los colombianos. Acabar con la gestión del riesgo en lo financiero y operativo, con el control del gasto y su racionalidad y con las redes potentes y extendidas de servicios que hoy tienen. Tampoco podemos eliminar el derecho de cada colombiano a elegir y vincularse a la entidad que quiera, a la que le preste el mejor servicio. Ni acabar con la medicina prepagada, los planes complementarios y los copagos, pues además el sistema dejaría de recibir más de 1,5 billones al año.

Nuestro proyecto tiene líneas sobre las cuales no cabe ningún tipo de negociación ni acuerdo. Ellas son: No a la estatización absoluta del sistema y de los servicios de salud. No al regreso del ISS, como lo ha anunciado el director de la Adres. No a alcaldes y gobernadores manejando los recursos de la salud, contratando redes, comprando medicamentos y tramitando cuentas de cobro. No a la captura política y personal de la población, utilizando la salud como instrumento de control electoral.

Lo que Colombia necesita es un sistema sensible, eficiente y sostenible, ágil en la tramitación de citas, tratamientos y medicamentos. Una Adres que sea el banco de la salud, que audite y que pague oportunamente las cuentas, que maneje sistemas confiables de información y ejerza un estricto control de los recursos públicos. Y una Superintendencia fortalecida que asuma el saneamiento del sistema e impida que se repitan prácticas corruptas en el conjunto del sistema.

Todo esto se puede conseguir sin liquidar un sistema que es ejemplo en el mundo y sin saltar al vacío asumiendo riesgos innecesarios y hasta ahora no bien calculados.

Albergo la esperanza de que las líneas rojas, azules y verdes de los partidos socios de la coalición no se vayan diluyendo en el trámite, como ocurrió con la reforma tributaria, y que los anuncios de los jefes a lo menos en esta ocasión sean creíbles. El remezón ministerial a escasos minutos de concluida la reunión de Palacio constituye un mal presagio.