LA JEP: NO REPETIR ERRORES DEL PASADO
La coincidencia del comienzo de la JEP con la corrupción en la justicia no puede desaprovecharse.
El mes en el que se han revelado los detalles más oscuros del escándalo de corrupción en la justicia coincidió con el anuncio de los nuevos magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Al mismo tiempo, se discute en el Congreso el proyecto de Ley Estatutaria de la JEP, que define los aspectos esenciales del sistema de justicia transicional que se aplicará en los próximos años en nuestro país, y, por el momento, se está en camino de caer en los mismos riesgos que han afectado a nuestra justicia en los últimos años:
El primero es el del conflicto de intereses. La sociedad civil quedó en manos de verdaderos mercaderes del conflicto, abogados pertenecientes a ONG como el Colectivo de Abogados José Alvear, que se prestaron a presentar falsas víctimas para que condenaran al Estado por los hechos de Mapiripán. ¿Qué tendrán que decir Sandra Rocío Gamboa, Nadiezma Henríquez Chaín y Pedro Julio Mahecha Ávila, así como otras ONG para las que, en materia de derechos humanos, el litigio contra el Estado se volvió su objetivo estratégico? A lo que hay que agregar: ¿con qué imparcialidad se resolverán dichos conflictos de intereses?
Esto nos lleva al segundo riesgo, que es el de la existencia de fraudes. En el caso Mapiripán, ya van más de tres grupos de falsas víctimas condenadas por haber solicitado fraudulentamente una indemnización. Si esto ocurre en la JEP, las consecuencias serían desastrosas para la legitimidad del sistema y opacarían el trabajo realizado. Lo más grave de esta situación es que se termina desplazando a las verdaderas víctimas, cuya reparación se dificulta si personas inescrupulosas las suplantan fraudulentamente. La principal causa de estos fraudes es la intermediación de terceros, de abogados u organizaciones inescrupulosas que engañan a las comunidades para que firmen formatos en los cuales no se incluye a quienes realmente han sido afectados.
El tercer riesgo es el de politización. El otorgamiento de facultades electorales a las altas cortes terminó acercándolas a los políticos, y ello debe acabarse. En este aspecto, se incluyeron nombres como el de Rodolfo Arango, quien ha sido candidato al Senado por el Polo Democrático y tiene una estrecha relación con muchos miembros de ese partido. En el mismo sentido, reconocidos petristas como la defensora del Espacio Público de Bogotá –sí, leyeron bien: defensora del Espacio Público de Petro– y la exalcaldesa de Sumapaz de Samuel Moreno, la doctora Reinere de los Ángeles Chaverra. Independientemente de sus cualidades intelectuales, no era aconsejable colocar en un tribunal tan importante a quien ha ejercido la política hace apenas tres años. El riesgo es tal que la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia ha señalado que algunos de los elegidos no son una garantía para la oposición.
Nombrados los magistrados, todavía no hay ley estatutaria aplicable, y la que establece el procedimiento debe ser redactada por los propios magistrados de la JEP, lo cual no deja claro el principio de separación de poderes. Además, los particulares pueden ser investigados por organizaciones que presentarán informes con el mismo valor de los entregados por la justicia, lo cual creará conflictos sociales y aumentará la polarización que vive el país.
No obstante su naturaleza especial, la JEP es un tribunal judicial, y por ello sus decisiones deben ser eminentemente jurídicas y deben fundarse en el respeto absoluto de las garantías. La coincidencia de la entrada en funcionamiento de la JEP con una de las peores épocas de la justicia no puede desaprovecharse; es una valiosa oportunidad para no volver a tener los mismos problemas y que estos magistrados no se conviertan en juez y parte.
LUIS FELIPE HENAO
