Arranca mal el año
Comienza el año con los desconcertantes anuncios de Petro y de su ministro Bonilla, de iniciar la discusión y el trámite de una nueva reforma tributaria. El país recuerda muy bien el compromiso del exministro Ocampo en las discusiones de la reforma del 2022 en cuanto a que esa sería la única reforma fiscal que propondría el Gobierno. Pues no. Ahora nos vienen con la muy tramposa propuesta de que la iniciativa solo buscará reducir el impuesto a personas jurídicas del 35 % actual al 30 %. Difícil creer en la sinceridad de esta propuesta, pero, aun en este caso, ¿cómo asegurar que en el trámite del proyecto no se terminen reviviendo todas las pretensiones no atendidas en la reforma pasada o aquellas que la Corte encontró inconstitucionales en sus recientes decisiones?
Detrás de esta iniciativa lo que de verdad existe es un nuevo intento de Petro de incrementar los impuestos a las personas naturales. Así lo dijo con toda claridad esta semana, y también lo hizo su confundido ministro de Hacienda antes de recular frente a las cámaras de los medios de comunicación. Porque la idea original no era otra que cubrir la reducción a las personas jurídicas con un aumento a las naturales. Populismo que no resistió el menor análisis dado el descomunal incremento que la Ley 2277 de 2022 había hecho a los tributos de las personas naturales, y más aún a los positivos resultados obtenidos en materia de recaudo.
Oportuno es recordar que dicha reforma afectó a las personas naturales principalmente por el cambio que generó en el tratamiento de las rentas exentas y deducciones aplicables. Este efecto, aunque ya se notó en 2023 por las retenciones que se hicieron a los que son asalariados, la verdad es que solo se va a percibir realmente cuando se presenten las declaraciones de renta del año 2023.
La renta exenta de los pagos laborales sigue siendo el 25 %, pero se bajó su límite de 122 millones a 33 millones. El límite de rentas exentas y deducciones sigue siendo el 40 %, pero se cambió el tope que puede tener ese 40 % al pasar de 213 a 56 millones.
El impacto es mayor en cuanto aumentan los ingresos. La mayor base gravable supone un aumento impositivo que empieza desde ingresos mensuales mayores a $ 10 millones y se agudiza a partir de los $ 15 millones, elevando entre 30 y 70 % el impuesto a pagar. Y si a esto agregamos el 4 × 1.000, el ICA y el impuesto al patrimonio, descontando el efecto de la inflación, los impuestos pueden superar el 100 % de la renta real percibida por el contribuyente.
La última reforma aumentó los impuestos a personas naturales mediante la unificación en la misma base gravable de los ingresos laborales, de capital, honorarios e ingresos no laborales, de pensiones y de dividendos, los cuales se gravan con tarifas progresivas de entre 0 y 39 %; aumentó el impuesto a las ganancias ocasionales del 10 al 15 %; disminuyó las rentas exentas y las deducciones, como ya mencioné, y adoptó un impuesto al patrimonio permanente al igual que elevó la tarifa en los dividendos.
Pero los impuestos a los ingresos laborales explican solo una parte del recaudo esperado por personas naturales, pues la mayor parte vendría de gravar los dividendos y el patrimonio. Y también con la, en buena hora declarada inconstitucional, excepción del régimen simple a todos aquellos que ejercen profesiones liberales con ingresos anuales superiores a $ 500 millones. Con razón más de 70.000 colombianos siguen trasladando su residencia fiscal al exterior. Quién puede extrañarse.
Nadie se opone a que se baje el impuesto de la renta corporativa del 35 al 30 %, pero el enfoque de gravar aún más a las personas naturales que el año anterior contribuyó con $ 19 billones, 3 más de lo calculado por el propio Gobierno, es francamente abusivo. Simultáneamente, frente a las fortunas que se originan en el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la informalidad, que representan más del 50 % de la economía, no se hace absolutamente nada.
El anuncio de una nueva reforma tributaria es muy inconveniente. No hace más que generar nuevos temores y desanimar cualquier inversión que se esté proyectando. No en vano, la principal preocupación de los empresarios, con un 41 %, sigue siendo la incertidumbre política, según divulgó esta semana la Andi.
