Dictadura en el Congreso
Sin mayor debate, a pupitrazo y votando decenas de artículos en bloque, como ocurrió con la reforma tributaria en Comisiones conjuntas, pretende el Gobierno del llamado cambio en tan solo dos semanas evacuar el Presupuesto Nacional, la compleja ley de orden público o marco legal para la Paz Total, el acto legislativo de reforma política, la Corte Agraria, el consumo recreativo del cannabis, el Código Electoral y, por supuesto, la mencionada reforma tributaria. Ante la mirada atónita de las menguadas fuerzas de quienes no están en el Gobierno y abusando del mensaje de urgencia para no perder un minuto en debates para ellos estériles, las mayorías ahora practican lo que por años criticaron.
Sorprende que partidos como el Liberal y ‘la U’, pero particularmente el Conservador, en el cumplimiento de sus “compromisos” como partidos de gobierno, en tan solo pocas semanas hayan cambiado totalmente su posición frente a temas muy sensibles y, diría yo, hasta ahora inamovibles de sus plataformas ideológicas.
El paquetazo legislativo ha incluido nuevamente la aprobación del Tratado de Escazú, al que muchos parlamentarios se habían opuesto anteriormente e incluso bloqueado su debate cuando el Gobierno Duque lo presentó con mensaje de urgencia. No sobra advertir, entonces, que tendremos tratado vigente aun antes de reglamentar las consultas previas.
Muchos hemos señalado desde el principio la inconveniencia de la ratificación de este tratado, y muy en particular los sectores productivos, que han advertido que los tropiezos en la aprobación de miles de proyectos hoy en trámite de consultas previas y licenciamientos ambientales se harán francamente imposibles con la incorporación de las nuevas obligaciones del tratado a nuestra legislación interna.
Hay que reconocer que los defensores del mismo hicieron bien su trabajo mediático. Sus argumentos calaron en la opinión pública, en el propio Congreso y, cómo no decirlo, en los medios de comunicación que abanderaron la iniciativa. Pero claro, ¿cómo oponerse al argumento de que con su ratificación se salvarán vidas de los líderes ambientales? Se señala el asesinato de 322. Una cifra cuyo origen no es claro, pero que exige que las autoridades investiguen y sancionen. ¿Cuántos de los responsables de estos crímenes están procesados y cuántos condenados?
Ojalá fuera distinto, pero tengo la convicción de que el tratado poco contribuirá a proteger a los líderes ambientales amenazados o en peligro, quienes deben contar con toda la protección del Estado y con el compromiso de las autoridades de Policía y de la Unidad de Protección.
¿Y cómo oponerse también a la lucha contra la desigualdad, la discriminación y el derecho a un ambiente sano y a un desarrollo sostenible? Imposible. Pero avanzar en esos loables propósitos poco depende de la aprobación de este tratado y sí mucho de la voluntad de los gobiernos.
Pero en cambio este tratado, para decirlo sin eufemismos, hará inviable cualquier proyecto de desarrollo en el país, aumentará la inseguridad jurídica y multiplicará los tiempos y la incertidumbre en los procesos de licenciamiento.
Algunos dirán que no importa, pues el Gobierno ya ha informado que no se otorgarán más licencias para explorar ni explotar petróleo, ni gas ni carbón, tampoco en minería, ni hablar de proyectos de transporte e infraestructura, solo red terciaria; tampoco nada de proyectos agroindustriales, y aun los turísticos también caerán en el negacionismo anunciado de la Anla y demás agencias estatales.
Lo único rescatable es que el Tratado de Escazú, en palabras de la activista ministra de Ambiente, terminó de sepultar el fantasioso proyecto bandera del Gobierno: el tren eléctrico elevado entre Buenaventura y Barranquilla.
El mundo se encuentra ad portas de entrar en una recesión económica. En Colombia se pronostica decrecimiento en 2023, así lo anuncian el Fondo Monetario Internacional y el propio presidente Petro. Pero el Gobierno hace oídos sordos y lejos de impulsar proyectos de desarrollo e infraestructura generadores de crecimiento, riqueza y empleo se empeña en impedirlo, con pésimas señales para los inversionistas, como lo son esta de Escazú y, por supuesto, la tributaria, sobre cuyos muy negativos efectos es imposible profundizar más.
