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Una legislatura atípica

Una legislatura atípica

Por: Germán Vargas Lleras

En mis largos años de actividad parlamentaria, nunca había visto una legislatura como la que terminó la semana pasada. Y no me refiero solo al funcionamiento del Congreso en modo virtual, que, dicho sea de paso, se le debe en gran medida al presidente de la Cámara de Representantes, doctor Carlos Cuenca, quien terminó imponiéndose frente a muchas voces que de lado y lado se oponían.

Se demostró que sí era posible desarrollar la actividad legislativa de manera virtual, segura, más eficiente y productiva. El número de sesiones, la puntualidad en estas y el nivel de asistencia fueron ejemplares, tanto que empiezan a escucharse voces que proponen que en el futuro se pueda sesionar de manera mixta con reuniones virtuales regulares, lo cual, además, permitirá sacarle mayor provecho a la legislatura.

Pero, más allá esto, lo que marcó de verdad esta legislatura y la hizo única fue que, por primera vez, la agenda de proyectos fue la del Congreso y no, como ha sido tradicional, la del Gobierno. De hecho, con excepción de dos proyectos que venían del semestre pasado, como fueron los del pliego tipo y el de cadena perpetua para violadores, todos los demás tramitados y aprobados fueron de origen parlamentario. Es evidente que el Gobierno se siente muy cómodo legislando en asuntos propios de la pandemia y otros no tanto, y bastante tranquilo con el debilitamiento del control político.

Creo que el Congreso ganó, y mucho. Demostró que sus iniciativas, sobre todo en materia social, son relevantes y de impacto para el conjunto de la sociedad. Proyectos hoy convertidos en leyes, como el de saneamiento de predios o el de inserción laboral de jóvenes, o aquel de incentivos al trabajo de adultos mayores, o el de protección a los menores afectados por cáncer o ley Jacobo, responden a necesidades concretas de la gente. También vale la pena destacar el proyecto de pago en plazos justos, el del pago anticipado de créditos sin multas o sanciones.

Mención especial merece el acto legislativo que da vida a la ciudad región Bogotá-Cundinamarca, viejo anhelo que por fin se hace realidad, gracias al compromiso de los doctores Varón y López. Esta fue, sin duda, la legislatura de los temas sociales, y ello fue posible porque por primera vez el Gobierno no monopolizó la agenda del Congreso con sus propios proyectos.

El proyecto que más ha ocupado la atención es el de la cadena perpetua para violadores de menores. Un compromiso de campaña del Presidente, cuya aprobación no disuadió a los soldados que violaron a la menor de la etnia embera. Bien lo anunciaron destacados penalistas como Reyes, Cancino, Bernate y Uprimy, que este no reduciría los índices de impunidad, hoy en el 98 por ciento, y que, por el contrario, se crearía una expectativa equivocada de mayor protección y sanción, aparte de violar tratados internacionales y haber sido tramitado de manera inconstitucional.

No fue tampoco este un Congreso complaciente ni irresponsable. Fue capaz de archivar, por inconvenientes, cerca de 70 iniciativas, entre las cuales la de la reforma de las CAR que comenté la semana pasada, varias en materia de servicios públicos y sector eléctrico y otras, como las populistas de reducción de la jornada laboral, la prima a la canasta familiar o la de la ampliación de las licencias de paternidad y matrimonial. En buena hora, todo esto, y mucho más, quedó sepultado.

A partir de julio, el Congreso tendrá que ocuparse de las grandes y urgentes reformas, como la pensional, la laboral, la de la salud y la de la justicia, para solo mencionar las más críticas. Estas reformas, además, van a contribuir a mejorar el clima para reactivar nuestra economía y atraer inversiones indispensables. Y esperemos que no se le ocurra al Gobierno, sobre todo al ministro de Hacienda, sorprendernos con una nueva reforma tributaria, que esa sí terminará anulando todo esfuerzo de reactivación.

P. D. La violación ya confesada por el grupo de soldados bajo ninguna circunstancia debe considerarse un acto de servicio, ni ir a la Justicia Penal Militar, ni los agresores ser trasladados a ningún centro de reclusión especial, lo cual, inexplicablemente, ya ocurrió.

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