Menos indignación y más acción

Menos indignación y más acción

Menos indignación y más acción

Por: Germán Vargas Lleras

La cumbre convocada por el Presidente marca el inicio de un nuevo y necesario diálogo sobre el futuro de la cuenca amazónica. Sin embargo, observo que muchos de los compromisos adquiridos por los presidentes en el llamado Pacto de Leticia no pasarán de ser simples enunciados, como es tan usual en la burocrática diplomacia ambiental. Si queremos en verdad dar respuesta a esta problemática, más allá del gesto político, deberíamos comenzar por asumir en serio una agenda de compromisos internos, ambiciosa pero realista.

Es hora de preguntarnos: ¿qué es lo que realmente estamos haciendo? Comencemos por señalar que somos el país con la tasa más alta de desastres naturales, 600 por año, y ocupamos la posición número 10 a nivel global en materia de vulnerabilidad y riesgos económicos asociados a dichos desastres. La degradación del territorio por culpa del narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación suma más de 2 millones de hectáreas al año.

Incorporar enunciados en los planes de desarrollo para la recuperación forestal no basta. Este año, en Colombia se han registrado 498 eventos de incendios forestales que han consumido 120.000 hectáreas, más de 10.000 en el solo parque de Tinigua. Ningún gobierno ha conseguido, ni de cerca, las metas trazadas. Lo que se necesita son recursos, decisiones políticas y administrativas, y no más cuentos.

Urge introducir mayores eficiencias en los procedimientos de licenciamiento ambiental. Los que están dispuestos a desarrollar sus actividades dentro de la legalidad necesitan seguridad jurídica, reglas claras y transparentes y agilidad en los procesos. Las autoridades no pueden seguir impasibles frente a la ilegalidad, pero sí entrabando los procesos y, con su actuar, exponiendo nuestros recursos naturales a una mayor depredación. ¿Por qué no crear la ventanilla única de trámites ambientales?

Es indispensable también reformar las corporaciones autónomas regionales (CAR), dadas su altísima politización y consiguiente incapacidad para gestionar los asuntos a su cargo. Además, como lo he propuesto de tiempo atrás, sería muy conveniente reducir su número y reorganizar estas corporaciones por cuencas hidrográficas e insistir en la creación de la Agencia Nacional del Agua, fusionando el corrupto Fondo de Adaptación con el Ideam.

Hay que reconocer que son francamente pobres los resultados operacionales de la unidad nacional contra la minería ilegal, y mucho convendría, en esta materia, que pudiéramos establecer la responsabilidad objetiva en los casos de daños ambientales para atacar la criminalidad organizada en minería y deforestación ilegales.

Para la vigencia 2020, el presupuesto nacional ambiental crece en un 34,5 por ciento, pero aún sigue siendo paupérrimo. 307.000 millones de pesos representan muy poco si lo comparamos con el de la CAR de Cundinamarca, que este año ejecutará 1,7 billones, y no es nada frente a un presupuesto nacional de 271 billones. Si a eso agregamos que el funcionamiento de la Anla y lo asignado al Ideam y a Cormagdalena representan más de 120.000 millones, es poco lo que queda para cumplir con tan buenos propósitos, y en particular con los compromisos adquiridos en París COP 21. Buenas intenciones que no se reflejan en la chequera de asignación de gasto; simplemente no existen.

Como ministro del Interior me correspondió crear el Sistema Nacional de Atención de Emergencias y, al igual que todos los miembros del Gobierno, hacer frente a los efectos del fenómeno de la Niña en 2011. Se inundaron 3,5 millones de hectáreas, las pérdidas ascendieron a más de 11 billones de pesos y, lo peor, 467 personas perdieron la vida. Esta cruda experiencia personal me ha llevado a la convicción de que los temas relativos a la protección del medio ambiente, al cambio climático y a su directa relación con los fenómenos y desastres naturales deben tomarse muy en serio. Cumbres y declaraciones, sí, pero, ante todo, manos a la obra.

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