Estamos matando la gallina de los huevos de oro
Vamos a perder nuestra autosuficiencia y a convertirnos en importadores netos de petróleo.
El sector minero-energético representa una de las mejores oportunidades para crecer en el corto plazo y generar los recursos fiscales que el país necesita para su desarrollo económico y social. Sin embargo, la realidad de esta industria es preocupante. La inversión extranjera en el sector ha pasado de 5.100 millones de dólares en 2013 a tan solo 478 millones en este primer semestre. También se evidencia una caída en los pozos perforados, al pasar de 115 en el 2013 a 26 en lo corrido de este año. Lo mismo ocurrió en la exploración, pues de 21.000 km cubiertos en tareas de sísmica, hoy no llegamos a mil. Por esta ruta vamos a perder nuestra autosuficiencia y a convertirnos en importadores netos de petróleo.
De un millón de barriles que llegamos a producir, hoy estamos en 860.000, y si nada se hace, dentro de cuatro años la cifra será de 650.000 y las reservas probadas durarán tan solo cinco años y seis meses. Angustioso panorama.
Muchas son las razones por la cuales este sector ha dejado de crecer y contribuir como debiera al crecimiento económico nacional, al desarrollo regional y, en general, al financiamiento de la inversión social, que depende fundamentalmente de estos recursos. En 2017, por ejemplo, el total de aportes de la industria petrolera al Estado fue de 16,1 billones de pesos, es decir, un 8 por ciento de los ingresos corrientes del Gobierno. Pero en un año como el 2013 llegaron a 32 billones y representaron el 25 por ciento. Es claro que nuestro país sigue teniendo una enorme dependencia del sector minero-energético.
Sin duda, el nuevo sistema general de regalías, desarrollado por la Ley 1530 de 2012, que tanto benefició las regiones no productoras, ha desincentivado la exploración y explotación de los recursos petroleros y mineros en aquellos departamentos que deben soportar los problemas y afectaciones más graves del medioambiente y las comunidades.
Consciente de esta situación, el entonces candidato Duque recorrió los departamentos petroleros y se comprometió a aumentar las regalías del 20 al 50 por ciento. Hasta ahora, nada ha hecho el Gobierno al respecto. No creo yo que pueda llegarse tan lejos en esta iniciativa, ya que encontrará naturalmente el rechazo de la mayoría de las regiones y sus representantes en el Congreso. Por eso, nuestra propuesta, ya radicada, es la de mejorar las participaciones del 20 al 30 por ciento de las asignaciones directas y disminuir la de los fondos de Desarrollo y Compensación Regional del 80 al 70 por ciento para devolver parte de las regalías que en justicia corresponden a las regiones afectadas por esta industria.
El sistema actual adolece también de varias deficiencias que es preciso corregir. En primer lugar, tiene una estructura operativa costosa e ineficiente, a través de los llamados Ocad, cuyo costo de operación supera los 350.000 millones al año y somete los proyectos en su ejecución a esperas superiores a dos años. Nuestra propuesta es eliminar los Ocad municipales y departamentales y toda la tramitomanía asociada a los procesos de aprobación, y permitir que las regiones aprueben sus propios proyectos en función de sus prioridades, sin acudir a intransitables instancias nacionales.
Existe además una gran dispersión de recursos que hoy pueden ser usados en 42 sectores distintos con muy bajo impacto de las inversiones. Proponemos, entonces, focalizar los recursos de regalías en sectores como la infraestructura, la educación, el agua potable, la energía y la salud.
Con estos cambios se espera no solo que las regiones reciban más recursos, sino garantizar una inversión eficiente y transparente de estos. Modificar el Sistema General de Regalías para pasar del esquema actual a uno que incentive la inversión es un clamor de las regiones que debe ser atendido desde el Congreso y para el cual es indispensable contar con el apoyo del Presidente, que espero cumpla en esta materia sus compromisos de campaña.
GERMÁN VARGAS LLERAS
