Un freno al desarrollo
Por: Germán Vargas Lleras
Terminó el año y aún seguimos pendientes de la urgente e indispensable reglamentación de las consultas previas. No es un tema caprichoso, el desarrollo del país en la mayoría de sus sectores, pero especialmente en el de infraestructura y energía, depende de la expedición de estas normas y de la seguridad jurídica que ellas otorguen a empresarios e inversionistas.
Todos los ministros del Interior se han comprometido con este tema. Recuerdo bien a Nancy Patricia Gutiérrez fijar en dos oportunidades fechas concretas para su aprobación. Lo hizo, además, frente a toda la bancada en el Palacio de Nariño como parte del compromiso del gobierno frente a la agenda legislativa. Lo mismo sucedió con la ministra Alicia Arango y con el actual ministro Daniel Palacios, quien personalmente me expuso el plan por seguir para asegurar su aprobación.
Nada ocurrió. Jamás se presentó el proyecto y, como si fuera poco, ni siquiera apoyaron el de nuestra autoría. Tampoco sacaron adelante la consulta del proyecto de consultas que creían necesario, en mi criterio equivocadamente. Terminará el Gobierno sin avanzar en este frente, como tantos otros que quedarán sin resolver.
La llamada consulta previa y todo lo que la rodea ha derivado, entre otras por falta de su reglamentación, en procesos francamente extorsivos que siguen frenando el desarrollo nacional. Tiene paralizados centenares de proyectos claves en sectores estratégicos como el de las carreteras que he denunciado tantas veces y amenaza otros, como el del gas y el eléctrico, con gravísimas consecuencias económicas y sociales.
En los últimos 30 años Colombia ha experimentado una verdadera y muy positiva revolución gasífera. 37 millones de colombianos se benefician hoy con cobertura de gas natural. Enormes avances se han conseguido también en la masificación del gas vehicular. En 2020 ya completamos 622.000 vehículos en todo el país.
Este combustible ofrece enormes ventajas en cuanto al costo para las familias, también en la seguridad (cómo olvidar el peligroso cocinol) y por su contribución al medioambiente se lo ha considerado como el combustible de la transición energética.
Pues bien, tenemos en este momento 127 proyectos gasíferos estratégicos por valor de 2,9 billones de dólares “emproblemados” o en riesgo de nunca realizarse. Algunos se encuentran en ejecución, la gran mayoría en estructuración o pendientes de iniciar exploración. Y muchos cuellos de botella por solucionar en materia de transporte como los gasoductos Pavia-Jobo y el de Mariquita-Gualanday. También está sin resolver la bidireccionalidad Barranca -Ballena y la ampliación de la capacidad de los gasoductos Jamundí -Valle y el de Yumbo -Mariquita, y también las conexiones Costa-Interior.
En este estratégico tema del gas, así como en el petrolero y el eléctrico, son muchísimas las inversiones que no despegan. Una de las más críticas es aquella de la línea de transmisión y subestación Colectora en La Guajira, de la cual depende buena parte de los proyectos de generación renovable del país, y que ya se anuncia no entrará antes de 2024 en operación por causa de las famosas consultas.
Inversiones estimadas en 473 millones de dólares en contratos de exploración y producción de petróleo y gas están suspendidas por esta razón. Esto sin contar con los contratos ya suscritos y que no han podido ejecutarse.
Perder nuestra autosuficiencia energética nos obligaría a importar gas y en un futuro no muy lejano también petróleo, con incalculables impactos en materia fiscal por efectos de pérdida de ingresos por regalías, impuestos y dividendos. ¿Cómo permitir que estas amenazas se concreten con los enormes recursos con que cuenta el país?
Les recuerdo que suspender cualquier actividad extractiva tendría impacto en el 50 % de todas las exportaciones y un poco más del 40 % de las inversiones directas en Colombia. Estos sectores aportan 28 billones de pesos, equivalentes al 18 % de todos los ingresos de la nación. Si se llegase a perder la autosuficiencia energética no solo dejaríamos de percibir los recursos ya señalados sino que, además, tocaría cubrir un hueco de entre 20 y 30 billones para poder suplir la demanda energética del país. Una catástrofe por cuenta del populismo irresponsable.
