Rumbo a la impunidad
Desde hace varios años he insistido en que poderosas organizaciones criminales en el país han convertido a los menores de edad en víctimas de su accionar delictivo, incitándolos y conduciéndolos a cometer gravísimos delitos, entre los que se destacan asesinatos, secuestros, fabricación y tráfico de armas de fuego, hurtos y tráfico de estupefacientes.
El ejemplo más reciente e impactante fue el asesinato de Miguel Uribe Turbay, perpetrado por un menor al que un juez impuso una condena de siete años, pena que no guarda ninguna relación con la magnitud del crimen y las condiciones que rodearon su planeamiento y ejecución. Sea el momento para advertir que llevamos más de tres meses y ahora parece que solo alias el costeño, alias Gabriela, alias el Veneco y este joven de quince años van a ser los únicos responsables. ¿Quién puede creerlo? No parece haber mayor avance en la investigación sobre quiénes fueron sus autores intelectuales ni sus determinadores. Y nadie se explica que Petro siga lanzando tantas hipótesis sobre autores y móviles que confunden y pueden desviar las investigaciones. Yo, a diferencia de Petro, creo que este magnicidio solo puede explicarse por razones políticas.
La preocupante realidad es que de los más de 7.700 menores infractores que hacen parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que de seguro son miles y miles más, solo el 27 % tiene alguna medida privativa de la libertad en los 53 centros de reclusión administrados por el ICBF con medidas laxas y nulo control y seguimiento, mientras el 73 % está sometido a medidas no privativas de la libertad.
Como resultado de la ineficacia del sistema, las tasas de reincidencia son cercanas al 50 % y el número de delitos cometidos por adolescentes, como el hurto, el tráfico de estupefacientes, fabricación y porte de armas de fuego y la violencia intrafamiliar, han venido en franco aumento.
¿Quién controla a estos jóvenes? ¿Quién los supervisa? ¿Cuántos de los detenidos burlan las medidas? Como me temo, la gran mayoría ni siquiera llegan a ser arrestados. No hay un régimen disciplinario severo; muy por el contrario, estos centros se han convertido en escuelas del delito donde los reclusos entran y salen a su libre albedrío. Si un adolescente se vuela, no hay ningún tipo de sanción, el diseño legal no contempla la evasión como un agravante, y tampoco hay nueva judicialización.
Con la reforma que Petro impulsa en el Congreso, en vez de fortalecer el modelo de reclusión y de penas, se están promoviendo la desjudicialización y las sanciones no privativas de la libertad sin importar la gravedad del delito, a sabiendas de que hoy centenares de estos verdaderos criminales y sicarios no reciben ninguna sanción.
La consecuencia directa es que el crimen organizado continuará blindándose con los menores de edad como el eslabón de menor riesgo penal dentro de las estructuras criminales. Los seguirán instrumentalizando como sicarios, como transportadores de drogas y como escudos humanos. Baste con revisar las cifras del reclutamiento de menores, que en los últimos tres años ha presentado un crecimiento de más del 280 %. Saben todos estos delincuentes juveniles que no importa la gravedad de los delitos a los que los induzcan, las sanciones a las que se exponen serán irrisorias.
Muy alarmante, además, que durante estos tres años no se haya construido ni se haya inaugurado un nuevo centro de reclusión. Con qué insolencia Petro, después de la inversión que hizo la ciudad de Bogotá por más de 74.000 millones en el centro para la justicia juvenil Campo Verde, se ha negado a recibirlo.
En buena hora, en la Cámara de Representantes, en contraposición a la reforma del Gobierno, está cursando otro proyecto de ley que recoge los postulados que desde hace varios años vengo formulando frente al endurecimiento del régimen de internamiento para los menores de entre 14 y 18 años que cometan delitos graves –homicidio agravado, tortura, secuestro, terrorismo–. Ojalá se acoja también mi propuesta de reducir la edad para los inimputables de 14 a 12 años, algo que ya han hecho otros países como México, Inglaterra, Brasil o Estados Unidos. La inimputabilidad de los menores se ha convertido en su mayor amenaza y paradójicamente los esfuerzos por protegerlos no los están alejando del crimen, sino sometiéndolos a las bandas criminales.
