El pacto criminal
No termina un día sin una nueva denuncia y un escándalo cada vez más grave. Esta semana quedó al descubierto que una organización criminal está enquistada en las más altas esferas Estado y cuyos alcances hasta ahora empiezan a conocerse. En mi opinión, una expresión más de la materialización del plan del señor Petro y sus aliados para debilitar al Estado, fortalecer a los grupos ilegales y garantizar por cualquier vía los votos que aseguren su permanencia en el poder.
Un plan meticuloso y estratégico, pensado y repensado por años para desmontar el andamiaje de seguridad del Estado y reemplazarlo por un modelo en función de su proyecto político. El país debe entenderlo con claridad: nada de lo que está ocurriendo es accidental ni improvisado.
El primer paso del plan se logró con el “Pacto de La Picota”. Petro abrió canales con actores armados, población carcelaria de alto perfil y estructuras criminales para prometer beneficios jurídicos a cambio de votos y apoyos regionales.
La siguiente etapa fue la puesta en marcha de la mal llamada “paz total”, con lo que el Gobierno ha convertido a narcotraficantes y delincuentes en “interlocutores válidos”. Se suspendieron órdenes de captura, se liberaron cabecillas y se nombraron criminales como gestores de paz cuyo resultado ha sido que los grupos armados no están desmovilizándose sino expandiéndose, operando con impunidad y controlando gran parte del territorio.
En paralelo, se procedió a retirar a más de 60 generales del Ejército y la Policía, privando a la Fuerza Pública de sus mejores hombres y sepultando un esfuerzo de formación de muchos años. Ahora empezamos a conocer con base en qué tipo de informes y fuentes y con qué propósitos se tomaron esas decisiones. Lo cierto es que se destruyó la inteligencia militar y policial, se eliminó la experiencia contrainsurgente, y como resultado, unas fuerzas diezmadas, desmoralizadas, temerosas de incomodar al Gobierno y en periodo de prueba permanente.
Lo revelado por Caracol TV sobre la infiltración criminal de las disidencias de ‘Calarcá’ en las estructuras del Estado es de la más absoluta gravedad porque comprueba cómo la seguridad nacional fue sacrificada por este gobierno para, paradójicamente, consolidar el poder.
Este delincuente, ‘Calarcá’, fue capturado en flagrancia, pero inexplicablemente fue liberado en virtud de su estatus de gestor de paz, tesis que no comparte ni el propio ministro de Defensa. El costo de esta decisión de la Fiscal General ya se ha pagado en vidas, entre ellas las de los 16 uniformados en el ataque al helicóptero en Amalfi y también las de los 7 soldados asesinados en Guaviare, para solo referirme a dos sucesos.
Ahora sabemos que en esa captura se incautó información comprometedora, y aun así ninguna investigación avanzó. Lo que sí ocurrió fue el retiro del general Fajardo, responsable de la captura. ¿Cómo entender que la Fiscal General no tuviera conocimiento cuando la información estaba en poder de una de sus Direcciones desde el 2024 y que se haya preocupado más por la filtración que por el avance real del proceso?
No es casualidad que Petro opte por decir que todo es falso, que es un plan de la CIA o, peor aún, que deslegitime las pruebas, cuestione la autenticidad de los documentos y minimice los hallazgos. Bueno es recordar que el general Huertas, uno de los principales involucrados y a quien en buena hora la Procuraduría suspendió, fue nombrado por el Presidente a pesar de haber salido del Ejército años atrás, después de múltiples cuestionamientos por su presunta relación con grupos criminales, según informes de inteligencia.
‘Calarcá’ continúa siendo “gestor de paz” con orden de captura suspendida y todos los privilegios, o ¿cómo explicar que entre 2024 y 2025, de los 13 bombardeos realizados por el Gobierno, nueve hayan sido contra ‘Mordisco’, dos contra el ‘clan del Golfo’, uno contra ‘Calarcá’ y uno contra el Eln? ¿Casualidad? Para nada. Petro necesita contrarrestar a ‘Mordisco’, que hoy se ha convertido en enemigo para el propósito de garantizar los resultados electorales en el 2026.
Lo que estamos viendo es la sustitución del Estado y su institucionalidad por una alianza del Gobierno con grupos armados ilegales a los que no se combate sino que se protege y cuyo protagonismo y alcances se harán más relevantes a medida que nos acerquemos a las elecciones.
P.D. Algún día los parlamentarios de la Comisión de Acusación que son los principales patrocinadores de la impunidad tendrán que responder.
