A la venezolana
Cerró el año el señor Petro con dos decretazos ilegales y en extremo inconvenientes para la maltrecha economía nacional, las finanzas públicas, el empleo y la salud de las empresas. Comencemos con el populista incremento del 23 % al salario mínimo. No tengo duda de que la motivación es electoral y que se convertirá en la principal bandera de las fuerzas petristas en las campañas al Congreso y a la Presidencia. Y aquí lo más grave es que ese afán electoral los ha cegado para entender el daño descomunal que causarán al país y, muy en primer lugar, a las familias de menores ingresos, incluyendo a quienes falazmente pretenden beneficiar.
Ya han corrido ríos de tinta de expertos economistas y analistas sobre los efectos perversos de este incremento. En primer lugar, sobre el empleo formal. Sectores como la construcción, la seguridad privada, los ‘call centers’, los restaurantes y muchos otros ya han manifestado su profunda preocupación por la viabilidad de sus actividades. Ni qué decir de las pequeñas y medianas empresas que harán sus primeros ajustes prescindiendo de parte de sus trabajadores. Este impacto que se traducirá en la pérdida de centenares de miles de empleos lo vamos a registrar de manera casi inmediata, y parte de estas personas irán a parar, en el mejor de los casos, a la informalidad pero eso a este gobierno, que está en modo campaña, le tiene sin cuidado.
Y el impacto más devastador lo veremos en inflación pura y dura. El peor de los castigos a los bolsillos de los más necesitados. Los primeros efectos se verán sobre los bienes y servicios que están indexados al salario mínimo, como los copagos en los servicios de salud, los precios de vivienda de interés social e interés prioritario, entre otros. Pero como este gobierno todo lo improvisa, recién anuncian que usarán la emergencia económica para desindexarlos. Bien habían podido prever al menos este efecto automático.
También soy de la opinión de que este decreto es ilegal, pues en nada consulta las variables económicas y sociales que la ley prevé para la fijación del incremento anual. El Consejo de Estado ya se ha pronunciado sobre estos requisitos legales que en esta oportunidad se han vulnerado ostensiblemente, pero no me hago ninguna ilusión con respecto a que esta corporación u otra, a la que se someta su examen, lo vaya a suspender. Como ya es costumbre, el señor Petro advierte que si este fuera el caso convocará un paro nacional. Una nueva amenaza contra la institucionalidad a la que ya nadie reacciona.
Este incremento obedece a una estrategia diseñada y puesta en marcha desde el primer día de gobierno y que es calcada de lo ocurrido en la Venezuela chavista. Cómo olvidar la alocución en la que Chávez anunció el primero de muchísimos incrementos salariales desbordados que condujeron a hiperinflaciones, llegando a un máximo de 130.000 %, y a que actualmente un salario mínimo no alcance ni para comprar una botella de aceite en ese país.
Si alguien todavía duda que el camino que le espera a Colombia de seguir un gobierno petrista es el mismo de Venezuela, no tiene más que observar decisiones como esta y, mucho más grave aún, la convocatoria a una asamblea constituyente que hizo pública Petro la semana pasada. Lo advertí hace varios años y, a pesar de que muchos me cuestionaron desde entonces, los hechos hoy me dan la razón, se trata de una fiel copia de la Constituyente venezolana con la cual se sepultó la democracia y el Estado de derecho en ese país. Pero eso será tema de una próxima columna dominical.
El segundo decretazo fue el de la también ilegal declaratoria de la emergencia económica. Todo en este decreto es un atropello a la Constitución. Nada que permita suponer que estamos frente a algún hecho que perturbe o amenace perturbar en forma grave e inminente el orden económico y social ni tampoco frente a una grave calamidad pública. Lo único que hubo fue el ejercicio legítimo del Legislativo, que no aprobó el proyecto tributario de un gobierno manirroto y corrupto que antes que poner orden en la casa prefirió seguir presionando a los contribuyentes.
En las siguientes semanas me propongo abordar este tema y los abusivos tributos ya decretados, pero no puedo dejar de señalar que lo que le corresponde a la Corte Constitucional en este momento, y sin ninguna dilación, es suspender provisionalmente los efectos de este decreto abiertamente inconstitucional. Ojalá no evadan esta responsabilidad histórica.
