Adiós al Estado de derecho
Los escándalos que día a día marcan el paso de este nefasto gobierno no pueden hacernos perder de vista la decisión inequívoca del señor Petro de atropellar el Estado de derecho, la justicia y sus instituciones. Ya nadie se sorprende de que el señor Petro y sus funcionarios controviertan los fallos, no los acaten, ni mucho menos los cumplan. No les importa que los declaren en desacato ni las sanciones que de esa conducta se puedan derivar. Con esta forma de gobernar buscan erosionar la legitimidad del Poder Judicial y fracturar la independencia de los poderes públicos. Y lo están consiguiendo.
Ese desprecio institucional se repite en cada interacción del Gobierno con las cortes o con los organismos de control. Ninguna decisión se respeta, ni las del Consejo de Estado, ni las de la Corte Constitucional ni las de los tribunales, tampoco las decisiones de la Procuraduría o de la Contraloría, mucho menos de la Defensoría. Los magistrados dictan providencias, ordenan medidas, fijan plazos, y el Gobierno responde con maniobras dilatorias, excusas administrativas y en muchos casos con amenazas y acusaciones de golpes blandos.
El caso del general Huertas es uno de los ejemplos más recientes. La Procuraduría ordenó suspenderlo por la gravedad de los hallazgos que lo vinculan con estructuras criminales, pero esta es la hora en que el Gobierno no acata la orden. Anuncian que hay un decreto, pero nada, el general tan campante, en uso de unos días de descanso. Inaudito.
El episodio de la Creg es, quizás, uno de los más graves. Dos fallos, el del Tribunal y el del Consejo de Estado, ordenaron nombrar seis miembros en propiedad, no encargados, tampoco interinos, y tres años después, la orden sigue incumplida. Declararon desacato y ni ante eso hubo reacción, el incumplimiento persiste.
En salud, la conducta es aún más grave. La Corte Constitucional ordenó el cumplimiento de pagos atrasados y el ajuste técnico de la UPC. El ministerio, en cabeza del señor Jaramillo, ha intentado todo para no cumplir con los fallos. Y lo cierto es que el plazo, todos los plazos vencieron y no hubo pago, no hubo ajuste y no hubo cumplimiento. Estamos ante el colapso del sistema de salud claramente inducido, y las consecuencias las estamos pagando con vidas. ¿Qué sigue? ¿Quién responde?
Petro no pierde ocasión para calumniar y difamar a todos sus contradictores. Ya llevamos un sinnúmero de fallos, varios de ellos del Consejo de Estado, en los que se le ordena rectificar. Todavía no ha cumplido el primero, ni lo hará.
Y como si fuera poco, el episodio del fallo del Consejo de Estado sobre la transmisión de los consejos de ministros por canales privados, en el que, no contento con haber recurrido el fallo, ha ejecutado toda clase de maniobras para incumplir lo ordenado.
Está claro que al señor Petro no le preocupa pasar por encima de una Constitución que prometió cumplir, pero que irrespeta a diario. El intento de liberar a miembros de la ‘primera línea’ para convertirlos en “voceros de paz” mediante decretos va incluso más lejos. En buena hora la Corte Constitucional tumbó la figura por inconstitucional; sin embargo, la práctica de sustituir decisiones judiciales con decretos presidenciales ha sido una constante.
Otro ejemplo fueron las advertencias de la Procuraduría en el contrato para la producción de pasaportes, que tampoco fueron atendidas, y hoy se reitera la prohibición de ejecutar pagos con cargo a ese contrato. Ya veremos cómo tampoco cumplen esta orden del ente de control.
Forzoso referirse a las agresiones de los funcionarios de Petro contra la Rama Judicial. El país espera sanciones frente a estas conductas. Bien harían las cortes en exigir respeto para todos y cada uno de los miembros de la jurisdicción y asegurarse de que estas conductas no queden impunes.
Es evidente que no estamos frente a casos aislados, se trata de un patrón reiterado, sostenido y deliberado de atropello institucional. Petro y su gobierno decidieron que la ley es relativa, que las cortes pueden ser burladas e irrespetadas, que los fallos se evalúan políticamente y se cumplen solo si coinciden con el proyecto ideológico del Ejecutivo. Adiós al Estado de derecho.
