A por todo
La constituyente anunciada por el señor Gustavo Petro a final de año y ahora promovida por el candidato Iván Cepeda y por otros sectores que históricamente han detestado la Constitución de 1991, como el Eln y las Farc, es la réplica del modelo que impuso el régimen chavista para desmontar el Estado de derecho y sustituir la democracia en el país vecino. Paradójicamente, todos, incluidos por supuesto Hugo Chávez y Petro, lograron llegar al poder amparados en constituciones y regímenes democráticos que hoy desprecian y que desde esa posición buscaron y buscan acabar.
Fue tan enfático Petro en su compromiso por respetar la Constitución Nacional que incluso reconozco que hasta se tornó sospechoso para muchos. Ahora vemos que todo fue una farsa, un engaño que tuvo su confirmación con la presentación del proyecto de constituyente por el “superministro” Antonio Sanguino. Quedó al descubierto su verdadero propósito: acabar con una Constitución que les estorba, que detestan por constituir el principal obstáculo para imponer su modelo de Estado y de sociedad.
Lo que pretenden está claro, desmontar uno por uno los pilares de nuestra arquitectura constitucional: la democracia, el Estado de derecho y el modelo de funcionamiento de los poderes públicos.
Quieren, además, reconfigurar la propiedad privada, limitar hasta donde sea posible la iniciativa particular y, como es bien sabido, la estatización de cuanta actividad definan como estratégica. Quieren recentralizar recursos y competencias para subordinar alcaldes y gobernadores. Quieren acabar con la independencia del Banco de la República, porque la disciplina monetaria es incompatible con el populismo fiscal que promueven. Quieren acabar con el sistema de pesos y contrapesos, neutralizar a las cortes y a los órganos de control, porque los límites al poder les resultan insoportables. Quieren un Congreso obediente o irrelevante. Quieren, en suma, un Estado gigante, omnipresente y omnipotente, y un gobierno sin freno ni limitación. Un Estado como el que se instaló hace más de dos décadas en Venezuela.
Lo he advertido en columnas anteriores. Este libreto ya lo vimos en Venezuela, impusieron una constituyente para desmantelar la institucionalidad, perseguir a la oposición y perpetuarse en el poder. Allá también se habló de “poder popular”, de “cabildos populares”, de “refundar la democracia”, y el resultado fue la sustitución del Estado de derecho por la arbitrariedad, los abusos, la violencia paraestatal y el colapso económico.
La constituyente de Chávez fue convocada violando la propia Constitución. El Ejecutivo impuso unas bases electorales hechas a su medida que aseguraron su hegemonía política; estableciendo la “doctrina de poder originario ilimitado” que allanaría el camino para el posterior desastre institucional de la constituyente de Maduro. Se creó un órgano supraconstitucional, sin controles ni límites, que anuló la Constitución preexistente, se arrogó funciones legislativas, desplazó al Parlamento legítimamente elegido y sometió al Poder Judicial para rediseñar todo el aparato del Estado al servicio del régimen.
Y ese es exactamente el modelo que pretenden imponer en Colombia. No en vano, el señor Petro, su gobierno y sus aliados promueven la movilización permanente como mecanismo de presión. Desacatan sistemáticamente las decisiones judiciales, deslegitiman a las cortes cuando no fallan a su favor, estigmatizan a la oposición y gobiernan por decreto. Ni qué decir de la complacencia con las estructuras criminales bajo la farsa de la ‘paz total’.
Estamos en un punto de quiebre y nos enfrentamos a un debate decisivo. De un lado, un sector político encabezado por Petro y el candidato Cepeda que quiere sustituir la Constitución para, entre otros objetivos, perpetuarse en el poder. Y del otro, un país que valora las libertades, la separación de poderes y las reglas de juego que nos dimos en el 91. Esta discusión no admite matices: o se defiende la Constitución o se la entrega.
El país merece claridad y a estas alturas, ‘ad portas’ del proceso electoral, es indispensable saber quiénes están de cada lado. El 8 de marzo, al definir la conformación del Congreso de la República, sabremos si una constituyente al estilo venezolano como la que propone el Pacto Histórico contará con las mayorías para ser convocada. Por ello, esta elección es crucial si queremos mantener nuestra Constitución, preservar el modelo de Estado y, sobre todo, nuestra nunca bien valorada democracia.
