A cuchillo en Palacio
Debo confesar que no podía dar crédito al escuchar esta semana a una funcionaria despedida de la Presidencia de la República decir al aire que en palacio había que andar con cuchillo para defenderse de un gobierno y un Presidente en campaña. Lo cierto es que ninguna entidad puede escapar al modo campaña que ha sido ordenado en forma clara y contundente y se ejecuta con precisión de relojería a todos los niveles del Estado.
Nunca antes habíamos visto un uso tan descarado del aparato público con fines electorales. Nombramientos y despidos masivos, ampliaciones de plantas de personal, cientos de miles de millones en nuevos contratos a pocos días de entrar en vigencia la ley de garantías, disminución de requisitos para ocupar cargos, intervención en política por parte de los funcionarios y un sinnúmero de anuncios populistas para comprar conciencias.
Los hechos de las últimas semanas son suficientemente elocuentes. Ochocientos nuevos puestos en Colpensiones. Más de 6.000 en la UNP, muchos sin experiencia alguna en seguridad o inteligencia; más de 1.100 cargos adicionales en el Ministerio del Trabajo; cerca de 1.200 entre el Ministerio de Salud y la Adres. Estamos hablando, como mínimo, de más de 600.000 millones de pesos en funcionamiento para “corbatas electorales”. Ni qué decir de los cerca de 6.000 contratos suscritos por varios ministerios y entidades, encabezados por Minminas, con 883, y Ambiente, con 720. Mientras tanto, el sistema de salud asfixiado, las obras públicas desfinanciadas y las Fuerzas Armadas sin ninguna capacidad operativa. Los escándalos de corrupción asociados a la campaña política se acumulan, pero de la Contraloría General, nada, una entidad inexistente, solo anuncios, de ella no se conoce nada distinto a la velocidad con que avaló la compra de los aviones Gripen.
Y a todo este abuso con fines electorales se suma una batería de medidas económicas populistas, vendidas como “alivio” y diseñadas para producir rédito político inmediato pero sin ningún respaldo fiscal. La más elocuente, el alza populista del salario mínimo, cuyos impactos ya empezamos a ver, convertidos en desempleo e inflación. La segunda, el anuncio de restringir las inversiones de los fondos de pensiones en el exterior, cuyos nefastos efectos ya han sido advertidos hasta la saciedad. Más populismo.
Y qué tal el desmonte de los peajes y la rebaja del precio de la gasolina, que tampoco cuentan con sustento fiscal y se prometen como alivio, ocultando que el costo real se traslada al presupuesto vía compensaciones, riesgos fiscales contingentes y demandas contra el Estado. Pero qué importa si al mejor estilo del exministro Leyva tendrán que notificarles las condenas en la tumba.
Resulta paradójico que mientras el Gobierno habla de crisis fiscal y se burla del Congreso y de la independencia de poderes decretando una emergencia económica, que en buena hora la Corte suspendió, se dispara el gasto, la contratación y el clientelismo para comprar adhesiones políticas con los recursos de todos los colombianos.
A la estrategia de comprar las elecciones se suma aquella de abandonar el territorio a los grupos de delincuentes con quienes mantiene diálogos en el marco de su ‘paz total’. En cientos de municipios será muy difícil garantizar unas elecciones libres de presiones y amenazas.
Y a todas estas, ¿dónde están la Procuraduría y la Fiscalía? Silencio absoluto frente a la interferencia en política, frente al uso electoral del presupuesto, frente a la contratación masiva y frente a la presión indebida sobre entidades del Estado. Ni una palabra en materia disciplinaria o penal, cuando todas estas conductas están tipificadas como faltas gravísimas e incluso constitutivas de delitos.
Aquí puede pasar lo mismo que en la Venezuela de Chávez y Maduro, que en el Ecuador de Correa o la Bolivia de Evo o la Nicaragua de Ortega y, por supuesto, la Cuba de Fidel. Con excepción de esta última, todos estos dictadores llegaron al gobierno a lomo de las democracias de sus países y luego las aplastaron. En ese afán de enquistarse en el poder, el gobierno Petro no reconoce límite alguno, el Estado todo al servicio de la candidatura del señor Cepeda, que de ser elegido se convertirá en el presidente de las Farc para suceder a Petro, el del M-19, y garantizar su regreso en 2030. Cómo no entender que todos estos tipos llegaron para quedarse. Ya verá Colombia si se los permite.
